Aprueba expedir la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

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A fin de fomentar la inclusión financiera, promover la competencia del mercado y dar certidumbre jurídica a los participantes del sector, senadores de la República aprobaron con 102 votos a favor y cero en contra, expedir la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Dicha normatividad establecerá un marco normativo que regula las plataformas denominadas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), desde las que se celebran operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico.

Además, prevé un marco general regulatorio, es decir, pretende establecer las bases y una regulación mínima que deben regir las instituciones, y deja que lo demás se regule en disposiciones secundarias, para contar con mayor flexibilidad, considerando la velocidad con la que ocurren los avances tecnológicos.

También crea un Comité Interinstitucional que intervendrá en la toma de decisiones de mayor importancia, como el otorgamiento de autorizaciones y la imposición de sanciones; éste será una instancia colegiada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, integrada también por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.

De igual forma, prevé que las ITF utilicen equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos para otorgar sus servicios.

Permite el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticidad para dar acceso a sus clientes a su Infraestructura Tecnológica, contratar sus productos y servicios o realizar operaciones.

Contempla el uso de activos virtuales como las criptomonedas o bitcoins, previa autorización del Banco de México; de este modo permite que las ITF operen con éstos, que se entienden como representaciones de un valor digital verificable que no tienen curso legal, pero generan unidades para su intercambio.

Establece un marco normativo en el que se contemplan las sanciones administrativas y penales para los casos en que se incumpla con lo establecido en la Ley o disposiciones que de ella emanen.

Por ejemplo: multa de 30 mil a 150 mil Unidad de Medida y Actualización (UMA) por realizar operaciones con activos virtuales o divisas sin contar con previa autorización del Banco de México o por realizar Operaciones con activos virtuales distintos a los determinados.

Multa de 30 mil a 150 mil UMA por difundir información falsa o engañosa o que induzca al error, a través de las ITF, sociedades autorizadas para operar con Modelos Novedosos; sanciona con prisión de tres a nueve años y multa de 5 mil a 150 mil UMA, a quien sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello, acceda a los equipos o medios electrónicos, ópticos, informáticos o de cualquier otra tecnología de las ITF.

Al presentar el dictamen, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, dijo que con la Ley, que se enmarca en cinco principios rectores, se pone orden y da certeza jurídica.

A nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el senador Patricio Martínez García, informó que se eliminó cualquier redacción que diera pie a cualquier actuación discrecional de las autoridades para autorizar la constitución de Instituciones de Tecnología Financiera.

Sobre este tema, la congresista María de los Dolores Padierna Luna, del Partido del Trabajo, dijo que existen 703 ITF identificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo: México tiene 180 (26 por ciento del total), Brasil tiene 230, Colombia 84 y se reparte el resto en otros países, como Argentina y Chile.

En tanto que el senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, refirió que la Ley atiende el mercado de los jóvenes emprendedores, que actualmente por falta de un historial crediticio no tienen acceso a financiamiento.

Del Grupo Parlamentario del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, señaló que se busca acercar los servicios financieros a personas y sectores que tradicionalmente no pueden abrir una cuenta bancaria o acceder a un crédito.

Su compañera de bancada, Marcela Guerra, comentó que además de promover la inclusión financiera, se protege al consumidor, se preserva la estabilidad financiera y mejora las condiciones de competencia del sistema financiero.

Destacar que el proyecto de decreto, se elaboró con base en los principios de inclusión e innovación financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, promoción de la sana competencia y prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.

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